uando se sancionó, en noviembre de 2007, la Ley de Emergencia de Infraestructura Escolar de los Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de la Ciudad (Ley 2565) se suspendieron los subsidios por manteniendo edilicio que manejaban las asociaciones cooperadoras escolares.

   Las Cooperadores del Distrito Escolar Nº 12 habían formalizado sus reclamos en una Carta al Ministro de Educación de la Ciudad. Por su lado, el pasado jueves 10 de julio, la Legislatura de la Ciudad aprobó por unanimidad -incluyendo los legisladores oficialistas del PRO- la aplicación de parte de la ordenanza 42.581 que contempla un promedio de diez pagos de 2.000 pesos destinado a arreglos menores de vidriería, cerrajería, limpieza de tanques, destape de sanitarios, recarga de matafuegos, iluminación o control de ascensores para discapacitados, entre otros.

   Estos no son los únicos reclamos: “Nos involucran como una simple prestación más de servicios a las escuelas”, expresan las Asociaciones Cooperadoras del Distrito Escolar Nº 12, sobre su nuevo rango en el Ministerio de Educación. Pasaron a formar parte de una estructura proveedora de servicios, perdiendo el sentido social, la participación y su labor solidaria en los establecimientos educativos.

Con la nueva metodología, un arreglo que podría ser considerado menor, se puede transformar en una obra mayor, de lenta ejecución y con un alto presupuesto: “Estos manejos, en la actualidad privan a muchas escuelas de servicios tan importantes como el gas y la electricidad, y malgastan fondos públicos, generando un fuerte malestar en la comunidad educativa ante tamaño despropósito”.

   Las Cooperadoras denunciaron que en algunas escuelas no se justificaba el corte de suministro de electricidad y gas por menores desperfectos en las instalaciones y mucho menos convertirla en obra mayor sin injerencia de cooperadores, dirección del colegio ni arquitecta distrital y detallan: “Los montos increíbles por los que fueron transformados, injustificadamente, en “Obra Mayor”, no pueden compararse con lo que hubiesen costado esos “arreglos menores”, manteniendo el sistema que la escuela ya poseía”.

  El mecanismo de los subsidios que manejaban las Cooperadoras en mantenimiento edilicio, equipamiento, material didáctico y limpieza había sido reemplazado por un “call center” que centraliza los pedidos de mantenimiento y prioriza el tamaño y la urgencia de la obra y una “caja chica” de $1.500 manejada por la dirección de la escuela. Sobre este punto afirman: “Tener ese dinero en efectivo conduce a la necesidad de gastarlo para rendirlo rápidamente, cosa que hace ineficaz la operatoria en pos de esa celeridad. Y si a esto le sumamos que todas las escuelas deben rendirlo conjuntamente para que se habilite otro depósito, dicho mecanismo transforma en engorrosa y responsabiliza a las conducciones escolares, por demás, ya saturadas de demandas”.

   Otro de los temas que le recordaron al Ministro Mariano Narodowski, responsable de la cartera educativa de la Ciudad de Buenos Aires, es que aún no fueron depositadas las cuotas cuarta y quinta de 2007 por mantenimiento edilicio que fueron aprobadas por la Comisión Distrital de Cooperadoras (CO.DI.CO), organismo que analizaba las demandas de infraestructura y determinaba solidariamente y por votación democrática las prioridades edilicias.

   Por último, las Asociaciones Cooperadoras Escolares de los barrios de Flores, Santa Rita, Villa Mitre y Floresta argumentaron que esta política de distribución de recursos a la educación pública pone en peligro el proceso de enseñanza y aprendizaje: “Este “llame ya”, lo hemos comprobado, tarda en concurrir y es deficiente en el servicio, lo que da cuenta de un estrepitoso fracaso”.

Producción: Taller de Medios Vecinales de Comunicación